CIUDAD DE MÉXICO. La Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro dio inicio formal a las sesiones técnicas y audiencias públicas de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destinadas a la dictaminación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2027, un paquete hacendario que refleja las prioridades de gasto gubernamental e inversión pública de la federació
La propuesta financiera remitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prioriza una fuerte reasignación de partidas hacia la consolidación del sistema de salud pública unificado, el abasto de medicamentos oncológicos y generales, la reactivación de redes de distribución de agua potable y tecnificación de distritos de riego en el norte y centro del país, así como el financiamiento para la modernización de la red ferroviaria de carga y de pasajeros. Diputados del grupo parlamentario mayoritario argumentaron que el proyecto preserva la disciplina fiscal, evita la contratación irresponsable de deuda soberana y asegura los montos constitucionales para los programas sociales ya institucionalizados.
No obstante, las fracciones legislativas de oposición han anunciado reservas y propuestas de modificación sustantivas a diversos artículos del proyecto de decreto. Entre los principales reclamos presentados en tribuna se encuentra la demanda de restituir y robustecer los fondos federales de concurrencia para los estados y municipios, particularmente en rubros como la conservación carretera secundaria, fondos de seguridad pública local y subsidios al campo para pequeños agricultores golpeados por sequías recurrentes.
Las mesas de discusión técnica continuarán sesionando a lo largo de las próximas semanas, con la participación programada de secretarios de Estado, gobernadores de distintas entidades y representantes de cámaras industriales y agropecuarias, en un clima de negociación parlamentaria donde se anticipa un ríspido debate de posturas antes de someter el dictamen definitivo a votación en el pleno antes de la fecha límite establecida por la Constitución.
