Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, fue sentenciado a 50 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Además de la pena de cárcel, la autoridad judicial le impuso una multa de 916 mil 312.50 pesos, luego de que el Ministerio Público Federal acreditara su responsabilidad penal y concluyera la reposición del procedimiento judicial ordenada en agosto de 2003.
En el mismo expediente, Daniel Venegas Martínez fue sentenciado a 22 años de prisión y al pago de una multa superior a cuatro millones de pesos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por su parte, Dulce Paz Venegas recibió una condena de 16 años de cárcel y una multa superior a 280 mil pesos por los mismos delitos.
Sin embargo, la autoridad judicial declaró compurgadas las penas de Venegas Martínez y Paz Venegas. Ambos permanecerán en prisión debido a que enfrentan otros procesos penales.
La detención de “El Mochaorejas”
Daniel Arizmendi fue detenido el 17 de agosto de 1998 en Naucalpan, Estado de México, cuando presuntamente se disponía a cobrar el rescate por una víctima de secuestro.
Cuatro días después, el 21 de agosto, fueron detenidos Daniel Venegas Martínez y Dulce Paz Venegas. Los tres quedaron a disposición de las autoridades judiciales e ingresaron al Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez.
El 21 de agosto de 2003, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria contra los procesados. No obstante, tras promover juicios de amparo, obtuvieron la protección de la justicia federal, por lo que se ordenó reponer el procedimiento.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, desde 1998 los ahora sentenciados formaron parte de una organización criminal que operaba principalmente en el Estado de México y el entonces Distrito Federal, dedicada al secuestro y otras actividades ilícitas.
La nueva resolución fue notificada a la autoridad judicial luego de las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México.
