La Auditoría recopila testimonios, videos, fotografías y documentos financieros para identificar posibles redes de irregularidades en organismos electorales; trabajadores de módulos aceptan aumento salarial del 6% para 2027.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió las investigaciones sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), luego de comenzar a recibir información de personas que podrían aportar pruebas sobre el funcionamiento de estos procedimientos.
Este 10 de noviembre, el organismo fiscalizador informó que, por primera vez, trabaja con informantes que han proporcionado testimonios, fotografías, videos, mensajes y documentación financiera relacionada con posibles anomalías en la asignación de contratos públicos.
De acuerdo con información difundida por la ASF, los materiales recibidos incluyen domicilios, comunicaciones, nombres y alias de personas presuntamente involucradas, así como datos que permitirían reconstruir las relaciones entre proveedores y funcionarios de organismos electorales.
Las personas colaboradoras buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes de Investigaciones, mediante el cual pueden aportar información sobre posibles irregularidades a cambio de beneficios previstos en ese mecanismo. La Auditoría busca identificar a los participantes y rastrear el destino de los recursos públicos.
Revisarán contratos de los últimos 25 años
Las indagatorias abarcan las contrataciones realizadas entre 2000 y 2025 por el INE, el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los 32 organismos electorales locales.
La ASF desarrolla tres líneas de trabajo: investigaciones de oficio sobre posibles anomalías en las contrataciones públicas, un estudio histórico para identificar patrones de asignación y concentración de proveedores, y una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los OPLE.
El organismo también identificó operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos entre dos grupos empresariales y distintas autoridades electorales durante el periodo 2014-2026. De ese monto, 3 mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales locales y alrededor de 430 millones al INE.
Entre las posibles irregularidades bajo revisión se encuentran la simulación de competencia en licitaciones, subcontrataciones entre empresas de un mismo grupo, posibles conflictos de interés y compañías que recibieron contratos millonarios pese a contar con pocos trabajadores registrados o carecer de personal.
La Auditoría busca determinar si estas prácticas afectaron la competencia en los procesos de contratación y ocasionaron daños al patrimonio público. Hasta ahora, los señalamientos forman parte de investigaciones en curso y no representan responsabilidades definitivas.
INE solicita revisión integral de sus contrataciones
Ante los cuestionamientos, el Consejo General del INE acordó solicitar a la ASF una revisión integral de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo 2016-2026.
El organismo también aprobó medidas para reforzar sus mecanismos de transparencia y control, entre ellas la conservación de documentos físicos y electrónicos, la revisión de su padrón de proveedores y la colaboración con las autoridades fiscalizadoras.
Asimismo, el Órgano Interno de Control del INE informó sobre 18 expedientes relacionados con posibles actos de corrupción: 13 permanecían en investigación y cinco se encontraban en procedimientos de responsabilidad administrativa, según lo expuesto por su titular ante diputados el pasado 30 de octubre.
Trabajadores de módulos aceptan aumento salarial
En paralelo a las investigaciones, los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del INE aceptaron el incremento salarial del 6% propuesto para 2027.
El acuerdo permitió avanzar en la reapertura de 841 módulos en el país, que habían sido afectados por las inconformidades laborales relacionadas con sus condiciones salariales.
La situación mantiene en la agenda legislativa la discusión sobre el presupuesto operativo del organismo electoral, sus mecanismos de contratación y las condiciones laborales del personal encargado de brindar atención a la ciudadanía.
Las investigaciones de la ASF y las revisiones internas del INE continuarán para esclarecer las posibles irregularidades, determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales y establecer el destino de los recursos públicos involucrados.
