La Fiscalía estatal confirmó que el funcionario presentó su dimisión el 5 de noviembre, meses después de solicitar licencia; enfrenta señalamientos por presuntamente brindar protección e información a la facción del Cártel de Sinaloa.
Dámaso Castro Zaavedra presentó su renuncia como vicefiscal general de Sinaloa, luego de permanecer separado del cargo desde mayo pasado y en medio de las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.
La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que el exfuncionario presentó formalmente su dimisión el pasado 5 de noviembre. Explicó que, desde que solicitó licencia por seis meses, se designó a una persona encargada de la Vicefiscalía General para garantizar la continuidad de las funciones institucionales.
Castro Zaavedra había solicitado licencia el 5 de mayo, bajo el argumento de atender cualquier requerimiento institucional por las vías legales correspondientes y en apego al marco jurídico.
Estados Unidos lo acusa de brindar protección al grupo criminal
La justicia estadounidense presentó cargos contra el exvicefiscal por su presunta participación en una asociación delictuosa con integrantes de Los Chapitos para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de conspiraciones relacionadas con armas de fuego y dispositivos destructivos.
De acuerdo con el expediente del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Castro Zaavedra habría recibido sobornos mensuales de aproximadamente 200 mil pesos, equivalentes a unos 11 mil dólares, entre 2021 y septiembre de 2024, a cambio de proporcionar protección institucional a la organización criminal.
Las acusaciones también señalan que presuntamente habría evitado la detención de integrantes de esa facción, ordenado concentrar operativos contra grupos rivales y filtrado información anticipada sobre cateos e intervenciones respaldadas por la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Según el documento judicial, los pagos al funcionario aparecían registrados en listas de nómina del grupo criminal bajo la denominación de “Culiacán Regio”.
La acusación estadounidense también contempla al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares; al exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y a otros mandos policiales y funcionarios municipales, entre ellos el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
El proceso judicial incluye además una solicitud de decomiso de bienes, dinero y propiedades que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, serían producto de actividades ilícitas.
