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Investigan contratos del INE por más de 563 millones de pesos ante presuntas irregularidades administrativas

13.11.2026
/ POLÍTICA
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El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta nuevas investigaciones por presuntas irregularidades en procesos de contratación que, en conjunto, superan los 563 millones de pesos, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) abriera dos expedientes relacionados con operaciones realizadas durante administraciones anteriores del organismo.

Las indagatorias involucran a tres exfuncionarios electorales: Edmundo Jacobo Molina, Roberto Heycher Cardiel Soto y Ana Laura Martínez de Lara, quienes actualmente ocupan responsabilidades dentro de la estructura del partido Somos.

Uno de los expedientes está relacionado con un convenio celebrado en 2017 entre el INE y Talleres Gráficos de México para la impresión y distribución de boletas electorales, materiales didácticos y gafetes de identificación, por un monto superior a 413 millones de pesos.

De acuerdo con la documentación revisada por las autoridades, el organismo habría realizado el pago total del contrato antes de recibir los bienes y servicios correspondientes, mediante un esquema de aportación inicial que presuntamente excedió los límites establecidos en la normativa de adquisiciones.

La segunda investigación corresponde a una licitación cercana a los 150 millones de pesos para construir instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en Nuevo León. En este procedimiento se identificaron posibles irregularidades relacionadas con la recepción y validación de documentos fiscales de una empresa participante, cuya propuesta habría sido completada después del cierre del plazo establecido.

Ambos casos se encuentran bajo revisión de las autoridades administrativas, que deberán determinar si existieron faltas graves y establecer las responsabilidades correspondientes.

Las investigaciones vuelven a colocar bajo escrutinio los mecanismos de contratación y supervisión del organismo electoral, particularmente por el manejo de recursos públicos destinados a garantizar la organización de los procesos democráticos.

Hasta que concluyan los procedimientos, las irregularidades señaladas deberán mantenerse en el terreno de las presuntas responsabilidades y corresponderá a las autoridades determinar si existieron conductas sancionables.

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