SAN RAYMUNDO JALPAN. La Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE), integrada por legisladores locales de distintas fracciones, inauguró un periodo extraordinario de comparecencias técnicas y análisis de gabinete de los informes individuales de la cuenta pública correspondientes a más de cincuenta administraciones municipales de las ocho regiones de la entidad.
Las reuniones de trabajo parlamentario tienen como propósito revisar de forma exhaustiva el destino y comprobación documental de los recursos federales y estatales transferidos a los ayuntamientos a través de los Ramos 28 (participaciones a entidades y municipios) y 33 (aportaciones para infraestructura social y fortalecimiento municipal). Los auditores y diputados cotejaron bitácoras de obras, procesos de licitación pública, pólizas contables y padrones de beneficiarios para identificar probables irregularidades como obras fantasma o inconclusas, sobreprecios en materiales de construcción y facturaciones mediante empresas catalogadas con inconsistencias fiscales por la Secretaría de Hacienda.
Los integrantes de la comisión fiscalizadora recalcaron que la rendición de cuentas en Oaxaca no debe responder a conveniencias o filiaciones partidistas. En ese sentido, lanzaron una advertencia formal a alcaldes en funciones y exalcaldes que acumulan observaciones financieras no solventadas, señalando que la ley de disciplina financiera otorga plazos perentorios inaplazables para aportar pruebas de descargo y solventar los pliegos de observaciones.
En los casos en que se confirmen desvíos de fondos públicos, daño patrimonial a la hacienda municipal o enriquecimiento indebido, los expedientes serán remitidos de inmediato al Tribunal de Justicia Administrativa para sanciones de inhabilitación, así como a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción para la judicialización penal de las carpetas de investigación correspondientes. Con este procedimiento, el Congreso del Estado busca garantizar que cada peso asignado a pavimentaciones, redes de drenaje, electrificación y centros de salud municipal sea invertido en beneficio directo de la población.
