OAXACA DE JUÁREZ.Las dirigencias estatales de las principales fuerzas políticas de la entidad y los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados local sostienen intensas reuniones a puerta cerrada para destrabar la conformación e integración de las presidencias de las comisiones dictaminadoras permanentes, órganos neurálgicos donde se definen las iniciativas prioritarias antes de subir al pleno del Poder Legislativo.
La disputa principal se centra en la titularidad de comisiones de alto impacto presupuestal, político y normativo, tales como la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la de Hacienda y Presupuesto, la de Infraestructuras y la de Vigilancia del Órgano de Fiscalización. Los negociadores del bloque mayoritario sostienen que la presidencia de los órganos legislativos centrales debe corresponder proporcionalmente al respaldo ciudadano alcanzado en las urnas, lo que a su juicio otorgará viabilidad a las reformas de corte social y al plan gubernamental de desarrollo del estado.
Por su parte, los representantes y diputados de las fracciones de oposición han manifestado que un Congreso democrático exige pluralidad, contrapesos institucionales y respeto irrestricto a las minorías políticas. Han reclamado para sus partidos la conducción de comisiones de fiscalización, derechos humanos y procuración de justicia, argumentando que la concentración de todas las presidencias operativas en manos de un solo grupo debilita la labor de escrutinio al poder ejecutivo y deteriora el debate democrático entre fuerzas políticas.
Las discusiones han retrasado la presentación formal del acuerdo de la Junta de Coordinación Política ante el pleno, mientras se analizan alternativas de composición mixta y rotación anual de presidencias para evitar que el desacuerdo parlamentario congele la aprobación de leyes secundarias pendientes y el desahogo de puntos de acuerdo presentados por la ciudadanía y los municipios. Se espera que a lo largo de las próximas sesiones ordinarias se alcance una fórmula de consenso que destrabe la agenda legislativa de la entidad.
